La declaració de l’Estat d’Alarma el passat 14 de març, ha suposat la implantació d’un règim excepcional de mesures que afecten profundament diversos àmbits de la societat: sanitari, econòmic, social, etc.
Aquest estat excepcional de les coses comporta igualment la possibilitat d’incompliments de les noves normes i per tant, la comissió de noves infraccions.
En el meu criteri no s’ha informat bé ni de les possibles infraccions ni de les sancions que poden recaure per incomplir les noves normes vigents amb l’estat d’alarma. I és fonamental tenir aquest coneixement per donar seguretat jurídica al ciutadà, més encara si tenim en compte que el desconeixement de les lleis no eximeix el seu compliment (article 6 de el Codi Civil)
L’article 10 de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i lloc estableix que: “El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes”.
Per tant, la Llei Orgànica fa una remissió genèrica a les “lleis” que a dia d’avui el Govern no ha concretat, sens dubte per la precipitació dels fets i el “líquid” de la realitat. Dit d’una altra manera, el Decret d’Estat d’alarma (i la seva posterior convalidació pel Congrés) no desenvolupa un règim sancionador propi.
Una altra puntualització: El Decret esmentat, ometent la seva capacitat per regular les conseqüències sancionadores de pràctiques infractores, deixa en mans de les autoritats competents perquè siguin aquestes les que apliquin i executin les sancions nascudes en aquest estat d’alarma. Això vol dir que aquestes autoritats podran amb cert grau de discrecionalitat “seleccionar” aquella norma sancionadora a aplicar en cada cas concret.
Les autoritats competents facultades per sancionar són totes la forces i cossos de seguretat incloent la CNP, Guàrdia Civil, cossos autonòmics i locals totes, sota ordres directes del Ministeri Interior. Aquest últim també pot dictar resolucions i ordres directes als serveis de seguretat privada.
Per la novetat de la situació i per la desregularització patent de la mateixa, forçosament es farà necessari estudiar cada cas i analitzar-lo a la llum dels principis bàsics del procediment administratiu sancionador:
– Principi de Legalitat i Tipicitat: la conducta infractora que es pretengui sancionar haurà d’estar expressament prevista i regulada en una llei així com la sanció que es pretengui imposar. Està prohibida l’analogia.
Les lleis que regulen conductes susceptibles de ser sancionades en l’actual Estat d’Alarma són:
- LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA:
“Art.36. Son infracciones graves:
4. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.
5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para la vida o integridad de las personas o de daños en los bienes, o agravando las consecuencias del suceso que motive la actuación de aquéllos.
6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.
Artículo 37. Infracciones leves. Son infracciones leves:
4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.
Artículo 39. Sanciones.
- Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros.”
- LEY 33/2011, GENERAL DE SALUD PÚBLICA
“2. Además de las infracciones sanitarias previstas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se tipifican como infracciones en salud pública las siguientes:
a) Son infracciones muy graves:
1.º La realización de conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población.
2.º El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta daños graves para la salud.
b) Son infracciones graves:
1.º La realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población, cuando ésta no sea constitutiva de infracción muy grave.
2.º La denegación de apoyo, auxilio o colaboración a los agentes de la autoridad sanitaria.
3.º El incumplimiento de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, si comporta daños para la salud, cuando no sea constitutivo de infracción muy grave.
4.º La resistencia o la obstrucción de aquellas actuaciones que fueren exigibles, de acuerdo con lo previsto en esta ley.
c) Son infracciones leves:
1.º El incumplimiento de la normativa sanitaria vigente, si las repercusiones producidas han tenido una incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población.
2.º Aquellas infracciones que conforme a lo establecido en este artículo no se califiquen como graves o muy graves.
Artículo 58. Sanciones.
1. La comisión de infracciones en materia de salud pública dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las que puedan establecer las comunidades autónomas y Entidades locales en el ámbito de sus competencias:
a) En el caso de infracción muy grave: Multa de 60.001 hasta 600.000 euros, pudiendo rebasar esta cuantía hasta alcanzar el quíntuplo del valor de mercado de los productos o servicios objeto de la infracción.
b) En el caso de las infracciones graves: Multa de 3.001 hasta 60.000 euros.
c) En el supuesto de las infracciones leves: Multa de hasta 3.000 euros. “
- LEY 17/2015, DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
“Artículo 45. Infracciones.
3. Constituyen infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas¸ cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
c) El incumplimiento de los deberes previstos en el artículo 7 bis.7 de esta Ley, cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
4. Constituyen infracciones graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
c) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 7 bis.7, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
d) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 7 bis. 8, cuando suponga una especial trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
5. Constituyen infracciones leves:
a) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 7 bis.8, cuando no suponga una especial trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
b) Cualquier otro incumplimiento a esta ley que no constituya infracción grave o muy grave.
Artículo 46. Sanciones.
1. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros.
2. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 1.501 a 30.000 euros.
3. Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 1.500 euros.”
– Principi de responsabilitat: Només podran ser sancionades per fets constitutius d’infracció administrativa les persones físiques i jurídiques, així com, quan una Llei els reconegui capacitat d’obrar, els grups d’afectats, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms, que resultin responsables dels mateixos a títol de dol o culpa (article 28 Llei 40/2015).
– Principi de proporcionalitat: En la imposició de sancions per les administracions públiques s’haurà d’observar la deguda idoneïtat i necessitat de la sanció a imposar i la seva adequació a la gravetat de fet constitutiu de la infracció. La graduació de la sanció de considerar especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el terme d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa.
– Concurrència de sancions: No es poden sancionar els fets que ho hagin estat penal o administrativament, en els casos en què s’apreciï identitat de subjecte, fet i fonament. És el reconegut principi del “non bis in idem”
Serà de màxima importància revisar en cada cas, que els principis apuntats, troncals al nostre dret administratiu sancionador, es vegin respectats. Aquests principis sens dubte constituiran el límit, barrera o garantia a la potestat sancionadora de les autoritats competents en aquesta actualitat sobrevinguda.